La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), ha publicado la concesión de las ayudas a la transformación y embotellado de vinos con Denominación de Origen Protegida (DOP) producidos en Canarias (Acción I.6) y a la mejora de la competitividad en la comercialización exterior de estos vinos (Acción I.7) del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI) para la campaña de 2023.
La ficha financiera de la línea I.6 es de 1.480.000 euros, lo que se traduce en una ayuda de 0,24 euros por litro de vino que haya obtenido la calificación correspondiente de la DOP, mientras el monto total de la I.7 es de 250.000 euros, lo que supone 0,70 euros por litro de esta producción.
El director del ICCA, Luis Arráez Guadalupe, señaló que el objetivo de estos fondos es compensar los efectos de los sobrecostes derivados de la ultraperificidad, que conllevan cargas adicionales en insumos estratégicos procedentes del exterior y en logística interinsular. Asimismo, buscan mejorar la competitividad del vino con sello de calidad diferenciada elaborado y embotellado en el archipiélago, destinado a su comercialización en mercados exteriores, paliando los costos derivados de la ultraperiferia en la venta del producto fuera de Canarias.
Se acogen a estas ayudas los titulares de bodegas inscritas en los registros del Consejo Regulador u órgano de gestión de la DOP correspondiente, y aquellos que comercializan vino fuera del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, siempre y cuando estén registrados en los órganos de gestión.
Las personas beneficiarias tienen un plazo de dos meses desde el día siguiente a la publicación en el Tablón de Anuncios del Gobierno de Canarias (17 de junio) para interponer un recurso. El texto completo de la Resolución se puede consultar a través del siguiente enlace: https://sede.
En el encuentro estuvieron presentes el director general de Agricultura, Javier Gutiérrez Taño; el delegado provincial del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias, Guillermo Caldentey Mascareño; y miembros de las delegaciones de Tenerife y de Gran Canaria, Elías Marrero, Pedro Armas, Wladimiro Gaspar y Tomás Pérez, respectivamente.
El miembro del Gobierno canario destacó que España es uno de los países con mayor flota pesquera de la UE, donde la pesca tiene una gran repercusión económica y social, y donde existe un mayor cumplimiento de la normativa en materia de sostenibilidad “por lo que las Comunidades Autónomas esperamos que la Comisión tenga en cuenta estos indicadores”.
El Ejecutivo canario destina en este ejercicio 1,3 millones de euros a estos estudios, lo que representa un 6% más que en 2023, los cuales suponen cinco iniciativas más que las presentadas el año pasado, un incremento que como explicó el consejero del Área, Narvay Quintero, se debe a una mejora de los presupuestos de la Comunidad Autónoma destinados a estas investigaciones y a la incorporación de diez investigadores e investigadoras y cuatro becarios predoctorales este año con el fin de “reforzar la transferencia de conocimiento a los productores”.